La Encrucijada de la Justicia Secuestrada

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-Juan García Barañado

Ninguna sociedad sobrevive si no adopta un sistema de normas sobre las que construye su “institucionalidad”. Eso le permite salir de la sociedad de facto de las comunidades primitivas y entrar en lo que, para bien o para mal, se llamará la sociedad civilizada, es decir a sociedad sujeta a normas. La Constitución Política del Estado, es la norma fundamental sobre la que se organiza el Estado políticamente. En su Capítulo “Derechos Fundamentales”, ha descrito los que son los Derechos Fundamentales de las personas, de cuyo ejercicio depende la seguridad, la convivencia y la paz social. Además, prevé que todo lo que contraviene a ese ordenamiento fundamental, son delitos o infracciones administrativas.

No hace muchos días atrás, como consecuencia de una Acción Popular activada por el Defensor del Pueblo, el gobierno, por intermedio de un Juez que conoció la Acción, se ha producido un hecho antijurídico en contra del Derecho a la Huelga. Para comprender esta institución y de cómo ha sido flagrantemente violada por un Juez Penal, partiremos señalando que el Art. 68 del Código Procesal Constitucional, dice que “la Acción Popular tiene por objeto garantizar los derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, espacio, seguridad y salubridad pública, medio ambiente y otros de similar naturaleza reconocidos por la Constitución Política del Estado, cuando ellos, por acto u omisión de las autoridades o de personas naturales o jurídicas son violados o amenazados”, es decir para que se ponga en movimiento la estructura jurídica del Estado en materia de Acciones Constitucionales, hace falta que los derechos e intereses colectivos sean mellados como consecuencia de un acto u omisión de la autoridad o persona natural o jurídica, TENGAN LA CALIDAD DE INFRACCIONES O DELITOS. Pero en el caso que nos ocupa, el Colegio Médico, al haber declarado suspensión de actividades, no estaba cometiendo infracción ni delito, puesto que estaba haciendo uso de la facultad que tienen los trabajadores en caso de conflictos sociales con la parte patronal y en este caso, contra el Estado. Es decir, que estaban ejerciendo un Derecho Fundamental previsto en el Art. 53 de la C.P.E que dice en forma clara lo que es la Huelga y la facultad de los trabajadores, de utilizarlo en la defensa de sus derechos, de acuerdo a la ley; pero no solo eso, sino que otorga a los dirigentes, una calidad especial que se llama FUERO SINDICAL que garantiza que no podrán ser despedidos, etc, como consecuencia de actividades que ejecuten en el defensa de los Derechos Constitucionales que hemos indicado. En consecuencia, el Tribunal Departamental Constitucional al haber notificado al Colegio de Médicos que no pueden usar de su Derecho Constitucional a declarar una Huelga, ha prevaricado.

El Defensor del Pueblo ha inducido a error al Juez de la Acción, por cuanto éste ha cometido el error de calificar un hecho, que es parte de las facultades constitucionales de las personas, como si fuera delito y encima, ha notificado al Sindicato de Médicos, que no pueden hacer uso de sus facultades constitucionales y además, les ha anunciado que de no suspender el paro de 48 Hrs, podrá aplicarse en su contra, responsabilidades civiles o penales. Ha tomado a pies juntillas, lo previsto por el Art. 69 de la norma considerando que la “Violación” o “amenaza” pueda generar responsabilidades, y en consecuencia, le previene que de insistir los médicos en el uso de sus derechos constitucionales, podrá mandarlos a la cárcel. Sobre mojado, llovido; les avisa que, por otro lado, las Resoluciones del Juez o Tribunal Constitucional, son de ejecución inmediata sin perjuicio de su remisión al Tribunal Constitucional, que finalmente lo único que hace es olear y sacramentar la Resolución del Juez.

El Juez de la Acción, “presumió” que las acciones u omisiones del Colegio de Médicos, constituían infracciones al ordenamiento legal porque según estos brillantes funcionarios judiciales, constituían delitos y con esto, hizo prevalecer en su Resolución, lo político, antes que lo jurídico; porque si hubiera prevalecido al razonamiento jurídico, hubiera notado que el ejercicio de un derecho, no es posible que sea limitado “porque cause secundarios” que aparezcan como infracciones o delitos. Por eso, el Juez de la Acción, ha prevaricado. Finalmente, si la C.P.E. está por encima del ordenamiento jurídico del Estado, ninguna autoridad inferior, ni ninguna norma inferior a una ley modificatoria de la C.P.E. puede pretender poner límites a los Derechos Constitucionales y peor, la Resolución judicial que está en el fondo de la famosa pirámide de Kelsen.

A pesar de esas observaciones jurídicas, de Derecho, algunos masistas en funciones administrativas en alcaldías o Gobernaciones, han deducido que “todo” forma de ejercicio de Derechos, terminan causando daño civil o penal a la población civil y que, en consecuencia, con este “razonamiento” pedirán que, quizá el mismo Defensor del Pueblo, ejercite la Acción Popular para neutralizar huelgas, manifestaciones o expresiones de la libertad de conciencia, detrás de la que se observan oscuras e ignominiosas motivaciones populistas. Por tanto, si esto sigue así, veremos que el inefable Defensor del Pueblo, recurrirá, por encargo del Gobierno, a una serie de Acciones Populares para coartar los Derechos constitucionales de moros y cristianos. ¿Por qué decimos que será el Defensor del Pueblo?, Porque el Ministerio Público no tiene la solvencia moral para hacerlo, a pesar de que ganas no deben faltarle. Es curioso, pero la Resolución del Juez, debe ser analizada por el Tribunal Constitucional, antes que frente al razonamiento político que deja en claro que la Justicia está secuestrada por lo político y que, en apego a la Justicia, prevalezca el razonamiento de defensa de los Derechos y las Garantías Constitucionales, de los que dependen la paz y la seguridad jurídica de los bolivianos y. en consecuencia, la declare inconstitucional. Si los trabajadores dejan las cosas así, habrán permitido de facto, una limitación al Derecho Constitucional a la Huelga y de esta manera, otra derrota para el movimiento obrero.

La Paz, 7 de Junio de 2017

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