PROSOL: Construcción de alternativas para la revolución por la tierra

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Por: Carla Baldivieso
La fecha del 02 de agosto, amerita recordar las revoluciones de la tierra, de los pueblos y sujetos de transformación del mundo rural, día histórico que permite rememorar diversos acontecimientos que marcaron la historia del país, tales como la fundación de la escuela- ayllu de Warisata, fundada el 02 de agosto de 1931 recordando a Juan Huallpa Rimachi; aquel poeta guerrillero que murió en 1815 luchando por la independencia; escuela indígena ejemplo de reivindicación y lucha. Rindiendo homenaje, el 02 de agosto de 1937, Germán Busch declara esta fecha como “Día del Indio”, posteriormente, el 02 de agosto de 1953 se promulga la Ley de la Reforma Agraria. A partir del 2007 este día es nombrado como día de la Revolución Agraria, Productiva y Comunitaria.
Estas circunstancias, generan la necesidad de visibilizar las luchas políticas en el departamento de Tarija- Bolivia, en torno a las revoluciones por la tierra. Estas luchas se observan en distintas manifestaciones  a nivel departamental, una de ellas es el caso del Programa Solidario Comunal (PROSOL), en torno al cual se plantea una disputa entre una institucionalidad conservadora de derecha (personificada en la Gobernación del Departamento) y la diversidad de formas comunitarias de organización que plantean esquemas alternativos de administración de los recursos públicos a través de un Programa Solidario Comunal de Transferencia Condicionada directa de recursos a las comunidades campesinas e indígenas del departamento de Tarija. En el municipio de Cercado, el Pueblo Campesino Chapaco plantea como demanda histórica, la creación de un nuevo municipio rural, el Municipio Campesino Chapaco y exige el respeto a su auto determinación.

El sujeto del mundo rural en la construcción legislativa

En el Artículo 2 de la Constitución Política del Estado se garantiza la libre determinación de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios, consistente en su derecho a la autonomía, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales. La Constitución menciona que el modelo económico boliviano es plural, y en el Artículo 308 menciona que el estado “reconocerá, respetará, protegerá y promoverá la organización económica comunitaria…”, tomando en cuenta que esta forma de organización económica está fundada en los principios de las naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos (PIOC). En cuanto a la soberanía alimentaria en el desarrollo rural, el Artículo 406 menciona que “El desarrollo rural integral sustentable es parte fundamental de las políticas económicas del Estado, que priorizará sus acciones para el fomento de todos los emprendimientos económicos comunitarios y del conjunto de los actores rurales, con énfasis en la seguridad y en la soberanía alimentaria…”.
En cuanto a la Autonomía, el Estatuto Autonómico del Departamento de Tarija, menciona en su Artículo 2 que los integrantes del pueblo del departamento, mujeres y hombres de áreas urbanas y rurales, los pueblos y naciones indígenas Guaraní, Weenhayek, Tapiete y campesinos, así como la población interculturala partir de su particular identidad histórica y cultural como base principal, tienen derecho al autogobierno.
Por lo tanto la construcción legislativa a partir de las luchas para la reivindicación de derechos de los PIOC, los define como sujetos clave en la construcción de la Soberanía Alimentaria, con reconocimiento de sus formas de auto gobierno y de sus instituciones, para la consolidación de sus entidades territoriales, considerando sus formas de organización económica comunitaria en pro del desarrollo rural integral sustentable.

Conceptualización política del sujeto del mundo rural

El paradigma de la cuestión agraria como pensamiento referencial y político bajo el cual nos acogemos, permite realizar interpretaciones de las posturas planteadas por los actores políticos en el debate del PROSOL, visibilizando las “luchas de clases para explicar las disputas territoriales y sus conflictualidades en la defensa de modelos de desenvolvimiento que viabilicen la autonomía de los campesinos” (Fernandes, 2013). En este sentido, el acontecer departamental nos permite observar un espacio de confrontación entre las formas de organización urbanas y rurales, las primeras a partir de un modelo urbano que trata de imponer sus “relaciones de dominio y subordinación a los espacios rurales, en función de las necesidades que tiene el capital” (Rodríguez, 2014), considerando en una de sus facetas e imponiendo en el imaginario colectivo urbano, que el objetivo del PROSOL es reducir los precios de los alimentos. Formulación servil a los intereses de los centros urbanos que explotan al sector rural únicamente como fuente de alimentos, y no asimilan el sentido real de justicia social en el desarrollo rural integral del campesinado.
Al respecto, Lizárraga y Vacaflores (2014), plantean esta subalternidad mencionando que históricamente el campo es conceptualizado únicamente como el lugar de la producción agropecuaria, siendo visualizado como un “…espacio sin institucionalidad y sin posibilidades, desde la perspectiva del Estado, de poder ejercer su propia gobernabilidad”. Las élites dominantes por tanto, y el imaginario colectivo que respalda esta subalternidad en nuestro departamento, coartan la posibilidad de construcción del sujeto del mundo rural al negarle la posibilidad de ejercer su autodeterminación económica mediante un programa que permita el empoderamiento del campesino.
Es así, que el movimiento campesino reivindica sus formas y modos de vida, distintos a los que le son impuestos por el capital, como una forma de resistencia. Aún más en el proceso de transformaciones estatales en el que nos encontramos, estas formas de acción colectiva adquieren un sentido descolonizador que efectivamente permite la construcción de alternativas desde lo colectivo hacia el Estado y con Políticas Públicas como medio del Estado para la justicia social y la igualdad como “derecho de largada, no como llegada” (Mujica, 2017).
En este sentido, retomando la idea de los PIOC como sujetos clave en la construcción de la soberanía alimentaria, enfatizamos dicho concepto como una construcción política, que no se construye en el sentido servil y de dominación del imaginario colectivo urbano de precios bajos para los alimentos, sino que plantea acorde a la Declaración de Nyéléni (2007):
“La soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible y ecológica, y su derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo. Esto pone a aquellos que producen, distribuyen y consumen alimentos en el corazón de los sistemas y políticas alimentarias… La soberanía alimentaria…otorga el poder a los campesinos y a la agricultura familiar, la pesca artesanal y el pastoreo tradicional, y coloca la producción alimentaria, la distribución y el consumo sobre la base de la sostenibilidad medioambiental, social y económica. La soberanía alimentaria supone nuevas relaciones sociales libres de opresión y desigualdades entre los hombres y mujeres, pueblos, grupos raciales, clases sociales y generaciones
Por lo tanto, las alternativas planteadas, defendidas, fruto de procesos históricos de lucha, como el caso del PROSOL, en torno a la construcción de la Soberanía Alimentaria, no se acotan a la autosuficiencia productiva, sino que se abren a “una autosuficiencia en sentido amplio, que reconozca las condiciones de reproducción social, cultural y económica, abarcando sujetos y entornos… la soberanía se sustentaría en condiciones y procesos llevados a cabo por los sujetos… campesinos e indígenas, de las comunidades y pueblos con todas sus particularidades y diferencias…” (Guzmán, 2014).

El Rol de las Políticas Públicas para la Igualdad en la Construcción del Estado Plurinacional

Considerando la Visión del PROSOL, el Programa Solidario Comunal pretende generar una “Producción comunitaria fortalecida, legitimada y reconocida plenamente por la política pública departamentalen el marco de la economía plural del Estado Plurinacional Comunitario, cumpliendo óptimamente su rol en la mantención de la seguridad y soberanía alimentaria, logrando integrarse dentro de la actividad económica y de esta manera mejorar sus niveles de calidad de vida, disminuyendo la brecha de la pobreza”. Esta política pública por tanto, permite repensar el rol del Estado Plurinacional, ya no desde la vieja política liberal centralizadora de recursos económicos, sino desde una política pública que permite que el propio sujeto pueda determinar la utilización de los recursos económicos para su empoderamiento, generando una ruptura de la “hegemonía en el pensamiento económico de lo social” (Tavares, 2017).
La construcción legislativa respaldaría este programa, considerando que “es una política que le corresponde al pueblo campesino con todo derecho, es una transferencia condicionada que tiene un destino específico precisado por la Constitución Política y el Estatuto Autonómico, la cual es fomentar la producción comunitaria campesina para garantizar la seguridad y soberanía alimentaria departamental, pues los campesinos son los que producen alimentos frescos y culturalmente adecuados, siendo una obligación constitucional del Estado apoyar, por tanto, un derecho de los campesinos” (Comunidad de Estudios JAINA, 2016).

Disputa política en el Departamento de Tarija

La disputa política en el departamento, se genera bajo un paraguas de la ya mencionada “subalternidad” del sujeto del mundo rural, que postula alternativas, que lucha por las mismas, pero que también toma los recursos públicos para su empoderamiento, hecho que es considerado como desafiante por el mundo urbano que apoya los procesos de subalternización del campesino en la producción de sus imaginarios.
“La burguesía ha sometido el campo al dominio de la ciudad. Ha creado urbes inmensas; ha aumentado enormemente la población de las ciudades en comparación con la del campo…  La burguesía suprime cada vez más el fraccionamiento de los medios de producción, de la propiedad y de la población.  Ha aglutinado la población, centralizado los medios de producción y concentrado la propiedad en manos de unos pocos. La consecuencia obligada de ello ha sido la centralización política.” (Marx y Engels, 1848)
Es esta centralización política la que se siente intimidada por el avance en la reivindicación campesina, y lucha por los recursos de un presupuesto departamental que sin duda se ha reducido en los últimos años, sin embargo, esta reducción de los recursos no ha generado una acción coherente al respecto por parte de las autoridades de la gobernación, pues, como menciona Sergio Gallardo (2017):
“Tarija es el departamento que tiene el mayor presupuesto entre las 9 gobernaciones, y en cuanto a población ocupa el séptimo lugar, teniendo como resultado que a cada tarijeñ@ le corresponde Bs. 4.627,11… a inicios de 2016, la gobernación de Tarija, disponía de una importante cantidad de recursos, como resultado de la baja ejecución en la gestión anterior de sólo 66%, la más baja entre las 9 gobernaciones. Y al 30 de junio de 2016 los saldos en caja y banco de la gobernación alcanzaban a Bs. 456,4 millones, y al 31 de diciembre estos saldos fueron de Bs. 180 millones (Ministerio de Economía y Finanzas Públicas)”.
Por tanto el discurso de la austeridad planteado desde las esferas centrales de la Gobernación tarijeña, implica el acaparamiento de recursos públicos que afectaron a los sectores más vulnerables de la población tarijeña, limitando las asignaciones de recursos a las subgobernaciones y los gobiernos municipales no alineados a la Gobernación, así como a sectores vulnerables como la población campesina. Sin embargo, fruto de un proceso de luchas y no precisamente por la “buena voluntad” de la Gobernación, se obtuvo la asignación de Bs. 2000 por beneficiaria/o del PROSOL en esta gestión.
Por otra parte, el debate departamental también se centró en la evaluación del Programa Solidario Comunal, al respecto y tomando en cuenta lo mencionado sobre su evaluación, considerando que la autosuficiencia no puede ser únicamente económica, sino, considerar las condiciones de reproducción de la vida social, dicha evaluación no puede circunscribirse únicamente a criterios económicos de productividad, incentivos económicos y reducción de precios de los alimentos. Incluso en caso de considerarse una evaluación económica sin contemplar los logros que genera el PROSOL en materia de fortalecimiento comunal y de construcción de alternativas para la igualdad y autodeterminación de los pueblos, el criterio no estaría adecuadamente direccionado en este sentido, como menciona Juan Luis Coronado (2016):
“Responsabilizar al PROSOL de un supuesto incremento de precios y disminuciones en la producción, es una deficiencia técnica y analítica muy grande. Desconocer variables no controladas por el sector campesino, como cambios en el clima, crecimiento de la población, incremento del ingreso, demanda de otras ciudades cercanas, etc., es un error… El sector emprendedor campesino tiene una elevada propensión al riesgo, trabaja y asume sacrificios permanentemente, y la “tasa de riesgo” está afectada por el clima, mercados, infraestructura y servicios de apoyo (provisión, producción, transporte, comercialización) y las políticas públicas. Por lo que evaluar el PROSOL involucra diversos ámbitos y niveles; pero sobre todo requiere la definición de un enfoque, que tiene origen en el concepto del desarrollo que queremos…”.
En este sentido, y desmitificando el ideario sobre la malversación y despilfarro de recursos económicos públicos del Departamento, la Comunidad de Estudios JAINA (2016) plantea el análisis siguiente:
“En ocho años de implementación (2008-2015), según datos de la unidad gestora del PROSOL y del SIGEP, el PROSOL ha transferido a las comunidades 1.265 MM de bolivianos, y en el mismo periodo el departamento ha recibido 22.117 MM, lo que significa solo el 5% del presupuesto departamental, pero ha beneficiado con gran impacto alrededor de 40.000 familias campesinas por año, las que han recibido en promedio 4.040 bolivianos por familia y por año… Se difunde que el PROSOL está plagado de corrupción y por tanto se demostraría su fracaso, sin embargo, según datos de la propia Secretaria de Justicia de la gobernación de Tarija, se tienen unas 170 denuncias de corrupción, de las cuales alrededor de 40 han concluido el proceso judicial, pero esto es de ¡6.066 iniciativas productivas!, es decir, menos del 1% tiene proceso que demuestran algo, y eso absolutamente no es un indicador de fracaso, por el contrario, demuestra un modelo muchísimo más eficiente que el que usa, por ejemplo, la gobernación en el SEDAG (Servicio Departamental Agropecuario).”
Ante la arremetida de la institucionalidad departamental, planteada por las vías mencionadas,  los campesinos se encuentran en un proceso de reivindicación de derechos sociales, políticos, culturales, que cruzan por lo económico; como una forma de reivindicación de su clase y de su derecho a la autonomía, presentando incluso a nivel del municipio de Cercado, la propuesta de creación de un Municipio Campesino Chapaco, visibilizando, como mencionan Grajales y Concheiro (2009),  el carácter político del mundo rural, en su lógica campesina de apropiación territorial, considerando la tierra como parte de su ser y de su formación como sujetos, planteando el respeto a su autonomía y a sus formas orgánicas de convivencia, en formas de resistencia y de lucha que se oponen a la institucionalidad del capital.
Es así que el Programa Solidario Comunal, se presenta ante los esquemas “usuales” de administración estatal de los recursos, como una alternativa planteada desde los sujetos que fueron y aún continúan siendo subalternos a nivel global, pero que a partir de los procesos políticos bolivianos tienen hoy en día un paraguas de construcción legislativa que les permite plantear estas vías de reivindicación de su autodeterminación y “apropiarse” de la política pública para la transformación social.  En este Estado en transformación, es la responsabilidad de lo público pensar en las políticas públicas en las múltiples formas posibles, abriendo vías para que las alternativas al desarrollo presentadas desde nuestros pueblos se efectivicen como política pública, concibiendo las mismas desde la diversidad y a partir del sujeto del mundo rural, de ese sujeto que sigue siendo base de la historia y del presente de nuestro país, y que transforma la misma mediante las revoluciones por la tierra.

FUENTES

https://escuelanacionaldeformacion.blogspot.com/2017/08/prosol-construccion-de-alternativas.html

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