Gobierno refuerza el modelo neoliberal en Salud

medicos movilizacion

-Simón Arancibia  (Miembro del Buró Político del PCR)

El modelo neoliberal tiene como fundamento la reducción del estado (burgués) a su mínima expresión, convirtiendo derechos humanos (como la salud) en servicios mercantiles que pueden ser prestados por entidades públicas o privadas. En este modelo el estado pasa a ser un ente regulador y fiscalizador de los servicios prestados, se deslinda de toda responsabilidad con la población, el derecho queda condicionado a los recursos económicos con los que cuenta cada persona para acceder a servicios determinados. En Bolivia, cumpliendo con los lineamientos de organismos financieros internacionales, la municipalización de los años 90 ha deslindado la responsabilidad financiera de la salud pública desde el estado central hacía los municipios y gobernaciones (establecimientos, ítems, programas, etc) dando mayor apertura a la ‘iniciativa privada’ en la prestación de servicios, el gobierno actual no ha superado la lógica de mercado en el sistema de salud, es más lo está profundizando.

Hace semanas vemos a los trabajadores en salud en movilización contra el Artículo 205 del recientemente aprobado Código Penal y los Decretos Supremos 3091 y 3092, ante la movilización el Estado ha reprimido con gases y balines a los médicos, estudiantes de medicina y trabajadores en salud, llegando a detener a decenas de movilizados y amenazar con despidos masivos. Mucho se ha planteado y debatido la criminalización del ejercicio de la profesión médica y los sacrificios que representa el trabajo de los galenos, lo que no se ha planteado es el análisis de la visión de administración estatal a la que responden.

El artículo 205 del Código Penal tipifica el daño a la salud o integridad física por mala práctica es de responsabilizar al trabajador en salud con una triple sanción (pena de cárcel, reparación económica e inhabilitación profesional) por acciones culposas que causen lesiones graves, gravísimas o muerte del paciente. Si bien es necesaria discutir la tipificación penal de la mala práctica para todas las profesiones y oficios, la esencia política de este artículoes un deslinde de responsabilidades del estado hacía el trabajador en salud, generando además un mercado de seguros profesionales que fortalecerá las aseguradoras privadas y generará un efecto de mayor mercantilización de la salud. El Estado busca eludir el hecho que hay una falencia histórica en políticas públicas de salud, no existen condiciones mínimas en los hospitales y centros de salud para cubrir la demanda, según el Ministerio de Salud contamos con 1,1 camas hospitalarias por 1.000 habitantes, la OMS recomienda al menos 8 camas por 1.000 habitantes; en Bolivia tenemos apenas 14 profesionales de salud por 10.000 habitantes, la OPS recomienda al menos 23 profesionales por 10.000 habitantes.

Fiel al modelo neoliberal de Estado, en lugar de avanzar hacía la creación del Sistema Universal de Salud que se prevé en la CPE, el gobierno mantiene una visión de regulación y fiscalización mediante el D.S. 3091 en el que se establece la Autoridad de Fiscalización y Control del Sistema Nacional de Salud. Esta autoridad regula y evalúa el servicio prestado por los distintos sectores (Público, del Seguro Social Obligatorio a Corto Plazo, Privados, con o sin fines de lucro); refuerza la visión en la que el estado ofrece un servicio público dentro de un mercado de servicios de salud (con o sin fines de lucro) y el cliente decide según su capacidad económica la calidad de servicio que recibirá.

Continuando en la lógica de mercado, con un discurso de ‘libre elección’ el D.S. 3092 autoriza la libre afiliación, la desafiliación y reafiliación gradual en el seguro social obligatorio a corto plazo. Es de conocimiento común las falencias estructurales en el sistema de seguro social del país, partiendo de la baja afiliación (según datos del INE más del 62% de la población no cuenta con seguro social a corto plazo), la deuda histórica del Estado con las Cajas, la burocracia y corrupción en el manejo institucional, entre muchos otros factores. La liberalización de la afiliación, desafiliación y reafiliación abre la posibilidad, bajo la misma lógica de mercado, de que cada persona acceda al seguro de salud según sus condiciones económicas. Una vez más las políticas de salud desde el gobierno mantienen una lógica neoliberal.

Hoy, la izquierda boliviana tenemos el reto de poner de pie un proyecto alternativo para el país, desde las mayorías trabajadoras, como parte de este proyecto es urgente construir, con todos los sectores que intervienen en la salud pública, un nuevo modelo de salud que sea gratuita, universal y de calidad, a cargo del estado, con presupuesto para garantizar condiciones mínimas, equipamiento, profesionales capacitados y medicamentos, desde una comprensión de la salud como derecho humano y no como servicio mercantil.

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