¡NO NECESITO UN DUEÑO!

Adrian Pérez A.

-¡No necesito un dueño!- llevaba inscrito uno los carteles de reclamo en manos de un joven con síndrome de down el pasado miércoles (28 de marzo) fuera del edificio del Ministerio de Justicia, en el prado paceño. Cerca de 50 personas se amotinaron frente al mencionado edificio esperando conversar con la Viceministra de Igualdad de Oportunidades sobre un asunto preocupante para la población con discapacidad: la declaración de Interdicción obligatoria para personas con discapacidad intelectual y psíquica o mental.

En el presente artículo intentaré resumir el problema y algunos efectos colaterales.

El pasado 2016, durante tres mese aproximadamente, personas con discapacidad emprendieron una lucha costosa, con una serie de medidas de presión y protesta, exigiendo entre otros, calidad y acceso a salud, educación, trabajo, vivienda, y el bono mensual de Bs. 500 que reemplace el entonces Bono Solidario de Bs. 1.000 anuales, una paliativo aún necesario. La lucha y brutal represión de la que fueron víctimas los demandantes dejaron un sello indeleble en la memoria colectiva boliviana, recordando, por un lado de lo que las fuerzas armadas son capaces de hacer y de la capacidad divisoria y chantajista del gobierno del MAS por el otro lado. Fruto de la lucha, en septiembre del 2017 fue promulgada la Ley Nº 977 de “Inserción laboral y ayuda económica para personas con discapacidad” y su decreto reglamentario, con dos objetivos, promover el acceso a un trabajo (a desarrollar en otro artículo) y establecer las bases del bono actual, de Bs. 250 mensuales, cancelados esta vez, por los gobiernos municipales. La noticia se celebró con desconfianza en el sector.

Desde el mes de febrero y marzo en muchos municipios, como La Paz, se ha empezado a cancelar el bono con una sorpresa para las bases mal informadas. En el artículo 12, parágrafo III del Decreto Supremo reglamentario (Nº 3437) se establece un requisito adicional para las personas con discapacidad intelectual y psíquica o mental (términos establecidos en la ley 223). Será obligatoria la presentación de la sentencia judicial de Tutoría, es decir, que las personas cuenten con un tutor o tutora (que muchas veces no podrá ser el padre o madre). Tal requisito, según dicta el actual Código de Familia, exige antes, que la persona se declare Interdicta, afirmando que no tiene las facultades mentales que le permitan administrar su patrimonio y cuidar de sí mismo/a, así como, según el Código Civil, se define como una persona INCAPAZ.

Existen muchos elementos en juego, mencionaré un par entre muchos.

El primero es que las personas con discapacidad intelectual y psíquica o mental más pobres no podrán acceder al bono por el que tanto se luchó, pues, lo más probable es que sus actuales apoderados no cumplan los requisitos exigidos por el Código de Familia (probar la capacidad económica, la cantidad de hijos a su cargo y límites de edad), sin olvidar que el proceso cuesta, por lo bajo, Bs. 2.500 y tiene una duración cercana a 6 meses, si el ritmo del juicio es extraordinario.

Un segundo elemento es que no existen –Las personas con discapacidad– así, en plural, sino personas con discapacidad, en su singularidad que sobrepasa el baremo de calificación que los define “Muy grave, grave o moderada”1. La mayoría de las personas tienen, con seguridad, las facultades suficientes para cobrar el bono y disponer de sus recursos como mejor les convenga. Es probable que no necesiten ningún apoyo o solo una orientación para hacer algo tan básico como cobrar un frío bono. Prescindir de un tutor vulnera los principios de autonomía e independencia personal establecidos en la Convención Internacional por los derechos de las personas con discapacidad del 2006, ratificada en Bolivia el 2009. Los principios de autonomía motivan a los Estados a promover políticas de acceso universal y facilidades necesarias que permitan a las personas con discapacidad acceder a servicios y oportunidades existentes en la comunidad. El gobierno omite estas recomendaciones, no solo en este caso, claramente.

Por ejemplo, solo para ilustrar propiamente, el caso de Sra. Manuela2, de 47 años, madre de una joven estudiante de 23, Manuela fue diagnosticada con un trastorno de bipolaridad, actualmente bien controlado. Se niega rotundamente a obligar a su hija a responsabilizarse por ella ahora que puede valerse por sí misma, condición de la que la comunidad está convencida, sus familiares también y hasta el psiquiatra lo aprueba, pero eso no interesa porque la ley le exige declararse interdicta para cobrar el bono que tanto necesita. Mantiene la postura firme de renunciar al bono.

Tener un tutor o tutora a los 40 años contiene el indigno mensaje que la persona jamás podrá ser independiente, que nunca tendrá libertad sobre su cuerpo y su actividad y aportar por tanto, al desarrollo, crecimiento y luchas sociales. No podrá siquiera contraer matrimonio y reproducirse sin autorización de su responsable, pues su decisión se subordina a voluntad ajena. Quiero aclarar que, si bien la interdicción es un recurso legal válido, bajo ningún concepto debería ser obligatorio.

Analicemos ahora la interdicción más allá de las contradicciones conceptuales dispuestas entre el Código de Familia, el Código Civil y la Ley 977 y su Decreto reglamentario, que delatan nuevamente el vergonzoso oficio de los legisladores como meros levantamanos.

En la legislación boliviana la interdicción fue inicialmente reconocida en el ámbito penal, era un castigo para criminales menores. Partía de los principios de vergüenza y deshonor, así los hombres perdían sus derechos de patria y potestad, resumida en su incapacidad jurídica de tener bienes y recibir herencia, por así decirlo. Si bien la figura legal cambió de Penal a Civil, el contenido ideológico se mantiene. Es un castigo, por así decirlo, por tener una deficiencia que te limite el habla o comportarte “correctamente”, es un castigo por no poder aportar a los capitales como así lo quisieran, un castigo por ser una carga económica al Estado que menos mal, no te asesina; es un castigo que además, debes compartir con tu familia.

Las personas deben peregrinar inicialmente en el ineficiente sistema de salud, tropezar con el sistema educativo, rogar empleo sin resultado y ahora, emigrar al imposible sistema judicial, y deben hacerlo en nombre de la Inclusión Social, porque si no lo hacen todo, no podrían, pues, ser parte de la sociedad. Esto transforma a las personas que se declararen Interdictas en personas que se declaran culpables, vergonzosamente culpables.

Por último, hay un elemento que es necesario tomar en cuenta y es que, la descalificación de la persona con discapacidad las mueve a abandonar sus responsabilidades, reafirma su dependencia y los esclaviza en la voluntad ajena. Actualmente muchas y muchos mantienen esta consciencia ajena, misericordiosa y caritativa, instalada en la atención paternalista; la interdicción y las tutorías solo refuerzan esta misma visión. Lo verdaderamente peligroso es la conciencia que cultiva la persona interdicta, de autodefinirse indefensa y dependiente, de verse vulnerable y únicamente receptora.

Por tanto, la interdicta tiende a verse incapaz de participar y aportar al desarrollo social, económico y político. A sentirse incapaz de ser parte de las transformaciones, que no son de interés únicamente de las personas con discapacidad, sino de toda la sociedad. De entender que las conquistas de las transexuales son de celebración suya también; que la represión contra los indígenas del TIPNIS y el abuso contra la tierra son asuntos suyos también; que la política extractivista y dependiente de capitales extranjeros es problema suyo también. Es decir, una consciencia sobre todo en lo que involucra al pueblo, la opresión cometida contra las desarrapadas y desterrados, todo eso toca reflexionar y desarmar. La interdicción, significa indirectamenta, apagar las oportunidades de ser parte del bloque anti-hegemónico, de abandonar la complacencia y reemplazarla por la crítica y hasta la violencia.

Tomar decisiones propias, sin consultar a nadie, es un ejercicio pedagógico valiosísimo que las personas con discapacidad no podrán experimentar, porqué dependerán eternamente de alguien. Por eso, si en un futuro hay un legislador con discapacidad, como muchas mujeres actualmente en el parlamento, tendrán una presencia simbólica, meramente biològica, sin consciencia, sin aporte y no dejará de ser otro levantamanos más, porqué no estará consciente del valor de tomar decisiones, ocupe el lugar que ocupe.

La reunión con la Viceministra de Igualdad de Oportunidades, Estefanía Morales, dejó un margen de 15 días para resolver el problema, estaremos atentos a las resoluciones.

1 Tèrminos expresados en la Ley 223.

2 Manuela, es un pseudónimo para proteger la identidad de la persona señalada.

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