Tinta Roja | Órgano del Partido Comunista Revolucionario (PCR) Bolivia

EL PODER DE LAS TRANSNACIONALES Y AGRO-INDUSTRIALES EN EL GOBIERNO

Desde la compresión marxista de la sociedad, la estructura económica cumple un papel determinante sobre la super-estructura política, pero a la vez esta relación es profundamente dialéctica. En nuestro país, los cambios simbólicos y super-estructurales marcados por la nueva Constitución Política del Estado y el supuesto proceso de cambio no pasan de ser discursivos ya que se mantiene intacto el poder económico de las transnacionales, de los agro-industriales, de la oligarquía financiera, sufriendo apenas cambios en el reparto del mercado. En las últimas semanas hemos sido testigos de una serie de conflictos que demuestran el poder que aún mantienen estos grupos económicos.

Con fuerte resguardo policial y represión, las petroleras han ingresado a la Reserva Nacional Tariquía del Departamento de Tarija, al amparo de los contratos aprobados el año pasado en la Cámara de Diputados que autoriza la exploración y explotación petrolera en las zonas de San Telmo Norte, Astillero e Iñuguazú. Los contratos de servicios petroleros para estos tres campos fueron firmadas con las empresas YPFB Chaco S.A., Petrobras Bolivia S.A., YPFB Andina S.A., Repsol E&P Bolivia S.A., Shell Bolivia Corporation (sucursal Bolivia) y PAE E&P Bolivia Limited (sucursal Bolivia), y promulgadas mediante las leyes 1049, 1050, 1051 y 1081.

Los comunistas nos solidarizamos con los comunarios de Tariquía y su digna resistencia a las políticas de explotación en desmedro del medio ambiente que lleva a cabo el gobierno del MAS de la mano de las transnacionales. Consideramos que las posturas oportunistas de supuesto rechazo de parte de políticos de la derecha opositora son una expresión de hipocresía siendo que las mismas fuerzas políticas reaccionarias fueron también artífices de entrega de nuestros recursos naturales a las transnacionales. Aclaramos que la defensa de las reservas naturales no es una lucha aislada sino que responde a una lucha contra el capitalismo extractivista, en ese sentido planteamos la necesidad de una alternativa patriótica y popular que planifique de forma racional y equilibrada el uso de los recursos naturales.

A finales de 2018 el gobierno del MAS promulgaba junto a los grandes agro-industriales la Ley de Aditivos de Origen Vegetal, impulsando la producción y la venta del etanol como biocombustible en el país. Tras varias semanas de pulseteo político, en una reunión en el Hangar Presidencial de Viru Viru, la tercera semana de marzo, con presencia del Presidente, Vice-presidente, ministros, Confederación de Empresarios Privados y otros representantes del sector privado se acordó aceptar el uso de dos semillas de soya con tratamiento biotecnológico (Intacta y HB4) para su uso en la producción de biocombustibles. Cualquier remanente de discurso de defensa de la madre tierra de parte del gobierno queda por los suelos, y se viola el artículo 409 de la Constitución Política del Estado que establece que debe ser normada por ley el tema de los transgénicos (en la redacción de la CPE de Oruro se prohibía completamente, fue un punto negociado en el Parlamento antes del Referéndum).

Se hace cada vez más evidente que nuestro país aún se encuentra a la merced de las empresas transnacionales, de los agro-industriales y de la oligarquía financiera, a cuyo servicio se ha puesto el gobierno actual. Planteamos que la lucha por una Patria soberana tiene como punto de partida el cumplimiento de la Agenda de Octubre – la expulsión de empresas transnacionales y la verdadera nacionalización de nuestros recursos naturales. Es momento de construir una alternativa patriótica y popular, que luche por un verdadero cambio en nuestro país, que no se limite a maquillajes discursivos sino que transforme la realidad socio-económica del país.

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