Tinta Roja | Órgano del Partido Comunista Revolucionario (PCR) Bolivia

Comunicado ante los incendios en la Chiquitanía y la Amazonía

Ante la situación nacional que se vive de los incendios en la zona de la Chiquitanía y la Amazonía, el Partido Comunista Revolucionario se pronuncia en cuanto a las causas económicas, sociales, biológicas y jurídicas que han provocado este desastre nacional, y las soluciones que exigimos.

Causas Socio-económicas

El gobierno de Evo Morales, desde la promulgación de la nueva CPE, lleva una política de alianza con la oligarquía financiera-agroindustrial del oriente del país, representado por la ANAPO, CAO y CAINCO, a quienes ha beneficiado con una serie de medidas jurídicas, empezando con la no aplicación retroactiva de la propia CPE en cuanto a tierras en manos de extranjeros, la no aplicación del límite establecido de 5.000 Has para extensiones de tierra, la flexibilización y el permiso de uso de agentes químicos y transgénicos, la no aplicación de los criterios de función económica social (FES) en el saneamiento de tierras, la expansión de la frontera agrícola y la compra con precios por encima del mercado de productos para biocombustibles.

En el oriente del país, el desarrollo del capital financiero ha sido producto de la fusión de capitales terratenientes con capitales bancarios, en medio de procesos de industrialización del agro para la producción fundamentalmente de oleaginosas (soya, girasol, etc.). Los grupos financieros y agro-industriales son sectores favorecidos por las políticas económicas del gobierno actual. Estos grupos nacionales se someten a los intereses de las grandes transnacionales soyeras, que actúan en todo el Cono Sur del continente en desmedro total del medio ambiente.

Causas Biológicas

A nivel biológico, las quemas suscitadas en la zona de Chiquitanía y la Amazonia son la consecuencia de políticas extractivistas del gobierno de Evo Morales, que ha emitido leyes y decretos supremos que permiten el cambio de uso de suelos, políticas que no han sido reguladas y en ningún momento han tenido la revisión o análisis de especialistas en el área, quienes puedan dar una visión científica y ecológica sin tener que responder a una consigna política. El efecto de esta quema es a nivel global y algunas de las consecuencias serian: migración de especies, reducción de la biodiversidad, vulnerabilidad de especies animales y vegetales clave en la regulación del ecosistema, pérdida de funciones ecosistemas y quiebres en las redes tróficas, este ultimo pudiendo desembocar en incremento de plagas en un futuro próximo, así como también a incremento de enfermedades tropicales que tengan como vectores alguna especie animal. No existe otra salida, el gobierno debe dejar de ofrecer tierras a cambio de votos, el país está acabando con los recursos no renovables y renovables. Bolivia se encuentra en el punto sin retorno, el efecto tambien va a afectar a las poblaciones lejanas de los puntos de incendios el incremento de CO2 en la atmósfera va a ser una de las causad de futuros problemas respiratorios crónicos. No se acaba la Tierra, el planeta ha soportado mas catástrofes, pero ahora las políticas del gobierno actual (como continuación del modelo neoliberal) son las que están acabando con la Madre Tierra y esto solo es en beneficio de las potencias imperialistas. Tanto el imperialismo chino como el ruso, al igual que otras potencias capitalistas, usan a países “en vías de desarrollo” para poder consumirlo hasta dejarlo en nada.

Causas Jurídicas

El Estado debe cumplir con tareas establecidas y emanadas en la CPE y otras normativas, relacionadas con el ámbito medioambiental, que como principal “deber del Estado y la población conservar, proteger… los recursos naturales, la biodiversidad, así como mantener el equilibrio del medio ambiente” (CPE, 2009, Art. 342), esto debido a que junto a “la riqueza natural, arqueológica, paleontológica, histórica, documental, y la procedente del culto religioso y del folklore, es patrimonio cultural del pueblo boliviano…” (CPE, 2009, Art. 99, III), como señala la ley “El medio ambiente y los recursos naturales constituyen patrimonio de la Nación…” (1992, Ley Nº 1333, Art. 3) y “El Estado debe garantizar la conservación de los bosques naturales… conservación y recuperación de flora y fauna y áreas degradadas” (CPE, 2009, Art. 387, I), concordada con la ley “El Estado y la sociedad deben velar por la protección, conservación y restauración de la fauna y flora silvestre, tanto acuática como terrestre, consideradas patrimonio del Estado, en particular de las especies endémicas, de distribución restringida, amenazadas y en peligro de extinción” (1992, Ley Nº 1333, Art. 52), así como el “Patrimonio natural las especies nativas de origen animal y vegetal…” (CPE, 2009, Art. 381, I), especialmente “La cuenca amazónica boliviana constituye un espacio estratégico de especial protección para el desarrollo integral del país por su elevada sensibilidad ambiental, biodiversidad existente, recursos hídricos y por las ecoregiones” (CPE, 2009, Art. 390, I), además preocuparse por espacios como “las áreas protegidas constituyen un bien común y forman parte del patrimonio natural y cultural del país…” (CPE, 2009, Art. 385, I), “Las áreas protegidas son patrimonio del Estado y de interés público y social…” (1992, Ley Nº 1333, Art. 61).

En la CPE también se establece que “se prohíbe el latifundio y la doble titulación por ser contrarios al interés colectivo y al desarrollo del país” (CPE, 2009, Art. 398) habiendo establecido por consulta popular el límite de extensión de tierras en 5.000 Has. Mediante acuerdos establecidos entre la agroindustria y el gobierno actual se ha determinado la no aplicación de forma retroactiva y el no saneamiento de los grandes latifundios en el país, así como la Ampliación del Plazo de Verificación de la Función Económica Social hasta el año 2020 (Ley 740, 2015).

La legislación aprobada por el gobierno de Evo Morales favorece abiertamente los intereses de la agroindustria, en primera instancia la Ley 741 (2015) que autoriza el desmonte de hasta veinte hectáreas (20 ha); la Ley 1098 (2018) de Etanol y de Aditivos de Origen Vegetal, que establece condiciones preferentes para la compra de etanol para los combustibles de venta interna. Este año el Decreto Supremo 3973 complementó la normativa banzerista para permitir el desmonte y la “quema controlada” en vías de la expansión de la frontera agrícola en el país.

Todo lo anteriormente expuesto y citado textualmente de la CPE, es una obligación contractual que tiene el Estado con la sociedad y su medioambiente y ha sido pactada en la misma, ley máxima que rige y garantiza el Estado Social de Derecho en el país. En esta coyuntura y a esta altura del transcurso de todo el desenvolvimiento de este catastrófico momento en que un incendio arrasa el pulmón del mundo, y que la negligencia de los gobiernos (o complicidad para extender la frontera agrícola), han hecho que los esfuerzos realizados para detener el incendio sean tardíos y que el ofrecimiento de ayuda internacional sea rechazada (solo aceptando en efectivo, caso de Evo Morales).

Esto ha vulnerado los derechos ambientales, de las personas y de los pueblos indígena originario campesino, plasmados también en la CPE: “Las personas tiene derecho al medio ambiente saludable, protegido y equilibrado… debe permitir a los individuos y colectividades de las presentes y futuras generaciones, además de otros seres vivos, desarrollarse de manera normal y permanente” (CPE, 2009, Art. 33) Al vulnerarse los derechos del medioambiente, que es “el patrimonio cultural del pueblo boliviano es inalienable, inembargable e imprescriptible” (CPE, 2009, art. 99, I), ha generado una afectación bio-social.

Situación actual

Amparados por lo expuesto, Partido Comunista Revolucionario denuncia que el gobierno de Evo Morales no es un gobierno popular, ni indígena, ni preocupado por el medio ambiente, el discurso radical que asume en el exterior del país se contradice plenamente con sus acciones a nivel nacional en contubernio con la oligarquía financiera-agroindustrial. La responsabilidad política del desastre medioambiental que hoy sufre la Chiquitanía es del gobierno actual en alianza con la oligarquía.

Ante estas negligentes actuaciones del Gobierno central debe hacer uso de lo que nos faculta las leyes, para pedir Responsabilidad civiles, penales y administrativas de daños, “Responsabilidad por ejecución de toda actividad que produzca daños medioambientales y su sanción civil, penal y administrativa” (CPE, 2009, Art. 345, Inc. 3), teniendo en cuenta que en el caso de caso ambientales existe una Imprescriptibilidad: “Se declara la responsabilidad por daños ambientales históricos y la imprescriptibilidad de los delitos ambientales” (CPE, 2009, Art. 347, I), debiendo ser tarea del Ministerio Publico actuar de oficio ante la gravedad de los daños ocasionados y afectaciones no solo medioambientales, biocidas, sociales y de destrucción, sino por daños a la salud y futuras consecuencias que genere por la repercusión medioambiental.

Amparados en la misma CPE que señala la Acción legal: “Cualquier persona, a titulo individual o en representación de una colectividad, está facultada para ejercitar la acciones legales en defensa del derecho al medio ambiente…” (CPE, 2009, Art. 34), además señala la ley “Toda persona natural o colectiva tiene derecho a participar en la gestión ambiental, en los términos de esta ley, y el deber de intervenir activamente en la comunidad para la defensa y/o conservación del medio ambiente y en caso necesario hacer uso de los derechos que la presente Ley le confiere.” (1992, Ley Nº 1333, Art. 92), lo que legitima un pliego petitorio que se ha dado fruto de las legitimas movilizaciones que han sido autoconvocadas por distintos sectores de la sociedad, a la cabeza de la carrera de biología, entre ellas la recepción de ayuda internacional (no sólo en dinero como hace Evo Morales), sino en ayuda material real que sirva para detener este desastre y crimen como señala la ley que, “es deber del Estado y la sociedad la prevención y control de los problemas ambientales derivados de desastres naturales o de las actividades humanas.
El Estado promoverá y fomentará la investigación referente a los efectos de los desastres naturales sobre la salud, el medio ambiente y la economía nacional” (1992, Ley Nº 1333, Art. 22).

Como señalamos configura en la figura criminal por los daños medioambientales, destrucción, biocidio, etc. y que esta facultado por ley el Ministerio Publico para actuar de oficio ante tal situación, que están contempladas en la ley:

´´Se consideran actividades y/o factores susceptibles de degradar el medio ambiente; cuando excedan los límites permisibles a establecerse en reglamentación expresa, los que a continuación se enumeran:

c) Los que alteran el patrimonio cultural, el paisaje y los bienes colectivos o individuales, protegidos por Ley.

d) Los que alteran el patrimonio natural constituido por la diversidad biológica, genética y ecológica, sus interpelaciones y procesos.


e) Las acciones directas o indirectas que producen o pueden producir el deterioro ambiental en forma temporal o permanente, incidiendo sobre la salud de la población. (1992, Ley Nº 1333, Art. 20)

Existiendo además un agravante por parte de funcionarios de Estado que deben ser responsabilizados en este caso, además de mismo gobierno que tenia responsabilidad de atender prioritariamente a la Amazonía y ante tal desastre, esto en el entendido que existe delitos de comisión y delitos de omisión y el Estado ha omitido la ayuda internacional, la atención necesaria a esta región, ha autorizado las quemas, etc.: Cuando el funcionario o servidor público sea autor, encubridor o cómplice de contravenciones o faltas tipificadas por la presente Ley y disposiciones afines, sufrirá el doble de la pena fijada para la correspondiente conducta” (1992, Ley Nº 1333, art. 115) y toda esta situación que configura y subsume en el delito de: Incendio.

Propuesta de Solución

  • Movilización constante, brigadas de trabajo voluntario y solidario de forma consistente, apoyar las iniciativas que existen a nivel nacional para resolver las secuelas inmediatas del incendio y comprometer a las organizaciones democráticas y revolucionarias con campañas permanentes de solidaridad, trabajo voluntario y de reconstrucción.

  • Ayuda internacional, que no significa una violación a la soberanía (lógicamente se trata de un problema a un ecosistema que afecta e involucra a todos), y esto se agrava cuando hasta el momento no ha tenido resultados la propaganda gubernamental de cómo se esta atendiendo el desastre, no se ha logrado detener el fuego. ´´El Estado promoverá tratados y acciones internacionales de preservación, conservación y control de fauna y flora, de áreas protegidas, de cuencas y/o ecosistemas compartidos con uno o más países“ (1992, Ley Nº 1333, art. 29).

  • Inmovilización del territorio quemado, no basta con una ‘pausa’ se deben aplicar políticas permanentes para lograr la aplicación de un plan integral de restauración y reforestación.

  • Declaratoria de Estado de Desastre Natural, para viablizar la movilización de todos los recursos a disposición del Estado para lograr una solución completa para el medioambiente, las personas que vivan en las zonas afectadas y los seres vivos afectados.

  • Garantía de la conservación y restauración de la Amazonia y la Chiquitanía en base a políticas nacionales.

  • Sanción (administrativa, civil y penal) e indemnización por los daños y perjuicios ocasionados a los pueblos y comunidades de la Amazonía y la Chiquitanía.

  • Derogación de las Leyes 740, 741 y 1098, y abrogración del D.S. 3973 que atentan contra el medioambiente y el bien común.

  • Aplicación plena de la Constitución Política del Estado, dando cumplimiento completo al Art. 398.

  • Apertura un debate serio a nivel nacional en torno a la necesidad de un nuevo modelo de desarrollo que quiebre con el modelo agroindustrial impulsado desde la oligarquía y las transnacionales, con una economía planificada que responda a los intereses del pueblo boliviano basada en el uso racional de los recursos naturales.

La Paz, agosto 2019

SECRETARIADO DEL COMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO COMUNISTA REVOLUCIONARIO (PCR)

2 comentarios en “Comunicado ante los incendios en la Chiquitanía y la Amazonía”

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  2. CMARADA CHICHO PRESENTR

    .ME PARECE REALMENTE CERTERO Y CLARO NUESTRO PENSAR SOBRE ESTOS EXTREMOS QUE ESTAMOS VIVIENDO, EN LO QUE SE REFIERE A LA INTERPRETACION JURICA ES CABAL Y COMO ABOGADO NO ENCUENTRO NSDA PARA AGREGAR O DISENTIR CON LO ARGUMENTADO, MAS LO QUE NIS FALTA SERIA LA IMPLEMENTACION DE LA DEMANDA, AUUNQUE EL MINISTERIO PUBLICO, NO DARA LUGAR A LA APERTURA DE LA DEMANDO O QUERELLA CRIMINAL, SIN EMBARGO DEBERA SER DIFUNDIDO EN EXTENSO DENTRO DE NUESTRO ORGANO DE TINTA ROJA Y HACER CONOCER NUESTRO RAZONAMIENTO SOBRE ESTA BARBARIE QUE ESTAMOS VIVIENDO Y LOS DAÑOS QUE NOS CASARAN EN UN FUTURO INMEDIATO CAMARADAS.

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