II Pleno del Comité Central del PCR: Luchar contra el Ascenso de la Oligarquía Fascista al Gobierno y su Aspiración de Enraizarse

El contexto político de 2019 se halló marcado por la alta electoralización y la falta de entes aglutinadores que unifiquen las luchas sociales. La oposición electoral en sus diversas expresiones centraron su discurso en torno a la democracia en abstracto, sin precisar la esencia o las características de la democracia que buscan. El desastre nacional de los incendios forestales en la Chiquitanía y la amazonía del país (coincidentes con los incendios en Brasil) no fueron casuales, sino producto de las políticas medioambientales del gobierno del MAS en estrecha alianza con la agroindustria oriental. La Ley 1098 estableció una serie de condiciones favorables para la producción y venta de aditivos de origen vegetal (biocombustibles), junto a la Ley 741 y el Decreto Supremo 3973 que legalizan el desmonte y la quema controlada con el objetivo de expandir la frontera agrícola.

Los resultados electorales del 20 de octubre en primer lugar son muestra clara de los límites de la democracia liberal representativa como mecanismo de resolución de las profundas contradicciones que vive el país, al polarizarse el voto entre el oficialismo (MAS-IPSP) y el ‘voto útil’ por el ex-Presidente Mesa (quien fue compañero de fórmula del empresario neoliberal Sánchez de Lozada en 2002). Cabe mencionar la sorprendente votación por el candidato conservador, misógino y fundamentalista religioso del Partido Demócrata Cristiano, que coincide con la tendencia regional de una ola reaccionaria.

Durante sus casi 14 años en el poder estatal, el MAS-IPSP, ha desmovilizado y desorganizado al movimiento popular, al cooptar a los principales dirigentes, dividir las organizaciones sociales, y someter los intereses de las organizaciones sociales a los intereses de la cúpula gubernamental. A la par de desmovilizar al sector popular ha promulgado leyes que benefician a la oligarquía financiera y posibilitaron su crecimiento inédito, no ha quebrado con las relaciones de producción capitalistas ni con la acumulación monopólica. Lo que ha generado un cúmulo de descontentos en sectores populares, quienes han salido a luchar por sus reivindicaciones salariales, territoriales, presupuestarias, etc, que fueron respondidas con represión desde el gobierno masista.

En el contexto en el que Latinoamérica es un escenario de las disputas interimperialistas (estadounidense, europeo, chino, ruso, etc.), el bando de la oligarquía financiera alineada con el imperialismo estadounidense y europeo aprovechó la situación de descontento popular para perpetrar un golpe oligárquico y fascista. La receta golpista de la CIA, de generar un estado de pánico y miedo, fue llevado a cabo de forma precisa, cumplieron con su rol en el escenario de polarización tanto el MAS como la oposición, con una escalada violenta, guerra psicológica y enfrentamientos masivos que concluyeron en el auge de grupos paramilitares financiado por la oligarquía (UJC, RJC, etc), la militarización del país y el ascenso fascista.

El nuevo régimen gobernante representa a la oligarquía más reaccionaria, conservadora, fascista y fundamentalista religiosa, que responde a los intereses del imperialismo estadounidense y europeo. El régimen golpista que asumió el control del poder estatal el 12 de noviembre de 2019 a la cabeza de la senadora Jeanine Añez (UD), es representante orgánica de la oligarquía financiera (agroindustrial, ganadera y banquera), con una fuerte influencia del fundamentalismo religioso cristiano. La oligarquía financiera ha vuelto al poder ejecutivo del país, los ministros económicos del primer gabinete nombrado por Añez tienen fuertes ligazones con la CAINCO, Banco Ganadero, Grupo Nacional Vida y con el Partido Demócrata. Las principales entidades empresariales del país (CEPB, CNI, CNC, CAINCO) han manifestado su pleno respaldo al régimen de Añez, llegando al extremo de apoyar con equipos a policías y militares. Los primeros días del régimen de Añez tuvieron como objetivo la pacificación del país, la paz de vencedores aplastando toda resistencia. El movimiento campesino y popular en Sacaba y Senkata fueron víctimas de las masacres perpetradas por militares, policías y paramilitares. En las primeras dos semanas del régimen se registran más de 30 asesinados, 800 heridos y 1500 detenidos a causa de la represión. El gobierno ilegítimo de Añez se ha puesto el objetivo de construir el ‘enemigo interno’ (campesinos, terroristas, saqueadores, sediciosos, marxistas, comunistas) para justificar su política de mano dura para ‘proteger’ los intereses de la nación y descalificar toda resistencia.

En términos discursivos, los actuales gobernantes han mutado repentinamente, hace días declaraban que la wiphala no les representaba y que buscaban liberar al país de los ‘ritos satánicos’ de los indios, ahora salen a abrazar la wiphala, incorporan la bandera del patujú (de los pueblos de tierras bajas) y hablan de unidad y tolerancia. La construcción de odio racista supremacista, cuya cúspide se manifestó en los conflictos de 2008-09, es una constante de la derecha oligárquica en el país. A pesar de ser constitucionalmente un Estado Laico, en todos los actos públicos el nuevo régimen hace un manejo de símbolos judeo-cristianos con biblias, crucifijos y velas; junto al discurso de que ‘dios ha vuelto al Palacio’, miembros del gabinete se han pronunciado vehementemente contra el aborto y los derechos de la comunidad LGBT.

La convocatoria a elecciones, pactada entre los parlamentarios del MAS y el gobierno de turno mantiene con vigencia a todos los partidos tradicionales bajo la Ley de Organizaciones Políticas y de esa manera excluye la participación de nuevas fuerzas políticas. Esta elección servirá para legitimar al próximo gobernante y revestirlo con un aura ‘democrática’, el nombramiento de candidatos será potestad de la vieja partidocracia. El gobierno ilegítimo aún no establece el plazo de su gestión como tampoco concreta una fecha de elecciones, a pesar de que el legislativo termina su mandato el 21/01/2020, el régimen argumenta la necesidad de ‘institucionalizar’ el país, mientras determina giros significativos en la política nacional.

La Cancillería, a cargo de la ex-directora de la Fundación Idea (financiada por la USAID y la NED) ha determinado romper relaciones con el gobierno de Maduro, el ALBA y el UNASUR, y restablecer relaciones con el Estado de Israel. Desde los Ministerios de Gobierno y de Comunicación se ha lanzado una amenaza contra todo ‘sedicioso’. El nuevo presidente del Servicio de Impuestos Nacionales es ex-directivo del Grupo Nacional Vida, los nuevos gerentes de Boliviana de Aviación y de Servicios de Aeropuertos son ex-ejecutivos de la línea aérea Amazonas, los militares han asumido la gerencia de la Agencia Nacional de Hidrocarburos en un nuevo reparto del poder estatal.

En cuanto a la situación económica nacional, desde el año 2015 existe un patrón de incremento de endeudamiento externo y reducción de las Reservas Internacionales Netas, las reservas de gas natural son menores a las proyecciones, en un contexto de tendencia de recesión económica a nivel internacional por la ley de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia y de devaluación de la moneda a nivel regional. Los indicadores macroeconómicos apuntan a un estallido de crisis económica en los próximos meses, que conllevará a una serie de medidas económicas anti-populares como la devaluación de la moneda nacional que desde hace meses han exigido los soyeros, la pérdida del poder adquisitivo del salario y el empeoramiento de las condiciones laborales. La CAINCO plantea modificar el encaje legal de la banca, eliminar el Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) además de ajustes al Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE), administración privada de los proyectos estatales, financiar al sector privado desde la banca y los fondos de pensiones y reducir la presencia reguladora del Estado. La propuesta de ajustes económicos es clara: recortes de impuestos para los grandes empresarios y menor presencia estatal. Estas propuestas se suman al anuncio de los Ministerios de Desarrollo Productivo y de Desarrollo Rural de la liberación de exportaciones.

Los recursos naturales estratégicos, como el litio del Salar de Uyuni o el hierro/manganeso del Mutún, aún se encuentran en una fase preliminar de montaje de equipos para la explotación, a cargo de empresas transnacionales alemana y china, respectivamente, que recibieron los contratos estatales bajo el gobierno del MAS. En los próximos años el litio, el hierro, el manganeso, la ganadería y los biocombustibles serán claves en la economía nacional, la falta de industrialización mantendrá a Bolivia como país extractivista, exportador de materia prima, y depredador del medio ambiente a favor de las transnacionales.

Se abre un contexto de reagrupación del movimiento popular para la resistencia anti-fascista, lucha contra los ajustes neoliberales, defensa de los recursos naturales y empresas estatales.

Larecaja, La Paz, Bolivia, 18-19 de diciembre 2019

II Pleno Comité Central del Partido Comunista Revolucionario (PCR Bolivia)

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