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Defender la educación pública, gratuita y de calidad

Comunicado BP/04/2020: Defender la educación pública, gratuita y de calidad

Hace tres meses los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en todo el país se han quedado sin acceso a la educación pública; producto de la Emergencia Sanitaria declarada a nivel nacional y cuarentena por presencia del coronavirus COVID-19, siendo una de las primeras disposiciones para suspender la educación pública con el propósito de preservar la salud de los estudiantes y hasta la fecha no se ha logrado establecer mecanismos de acceso pleno a este derecho humano, consagrado en nuestra Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia.

El Decreto Supremo 4260 que reglamenta la educación virtual, establece cuatro modalidades de clases que pueden seguirse en el país, dejando esta decisión al criterio de los profesores y padres de familia (excluyendo a los estudiantes de la toma de decisiones). Deslinda de sus responsabilidades al Estado tanto a nivel central como a nivel municipal, de adquirir y mantener la infraestructura digital, dejando a cada Unidad Educativa a su suerte. La propuesta de derogar la Ley 767 que arrebata el 12% del IDH (Impuesto Directo a los Hidrocarburos) a los municipios, gobernaciones y Universidades para entregar ese monto a las transnacionales como bono de exploración, es un mecanismo que posibilitaría mayor presupuesto para resolver la crisis educativa que se genera en el país.

Los convenios del Ministerio de Educación con empresas transnacionales como Microsoft, Google, Cisco y Tigo son un atentado directo a la soberanía tecnológica y a los lineamientos de aplicación de software libre en el Estado establecidos en el D.S. 3251 (2017). Esta decisión refuerza la mentalidad colonial del gobierno, imponiendo a transnacionales extranjeras en lugar de desarrollar soluciones propias en el país. Es urgente plantear el desarrollo de software libre que responda a las necesidades del pueblo boliviano y emplear servidores nacionales usando las conexiones de fibra óptica.

El internet en Bolivia es un servicio controlado por empresas privadas, fuera de ser reconocido como un derecho; en consecuencia, todavía puede considerarse un privilegio frente a la capacidad económica de la familia de la mayoría de estudiantes. Los paquetes de internet por celular tienen un costo mínimo de 2 Bs. diarios con una cantidad totalmente insuficiente de megabytes. La plataforma educativa de Entel es igualmente mísero, con apenas 7 videos (menores a 2 minutos) que de ninguna forma pueden promover un aprendizaje integral de los estudiantes. Es por ello que se debe democratizar el acceso al internet: servicio de internet gratuito a nivel nacional para los estudiantes y profesores. Los equipos laptop de Quipus, archivados en las Unidades Educativas deben ser desempolvadas y habilitadas para el uso de los estudiantes al igual que los telecentros en todo el país.

Realizar una planificación educativa seria para transitar a una educación virtual pasa por desarrollar materiales y herramientas educativas en múltiples formatos y formas de representación y aprendizaje, lo que quiere decir, se debe producir y emplear herramientas y materiales multimediáticos para que puedan ser utilizados por internet, televisión, la radio, los libros y los DVDs, de esta manera asegurar el acceso democrático y gratuito a la educación en el país. Asimismo, todos los materiales producidos por el Ministerio de Educación deben estar abiertos para todos los estudiantes, en múltiples lenguas (acorde a las regiones) y accesible para los estudiantes con discapacidad.

En medio de esta crisis, el Ministerio de Educación profundiza más aún el problema con el despido masivo de profesores (fundamentalmente del PROFOCOM), quienes podrían haber sido los actores principales de la capacitación docente en uso de nuevas tecnologías; atentando contra el Reglamento del Escalafón que protege el trabajo docente. El magisterio rural ya anuncia movilizaciones a nivel nacional en defensa de la educación, organizaciones juveniles se han sumado a su petición, es momento de sumar esfuerzos y defender la educación como derecho humano.

Preocupa además que, con el cierre del Ministerio de Culturas, el Ministerio de Educación asuma todas las competencias de la eliminada cartera de gobierno sin delinear un plan de acción para las distintas formas de interpretación cultural y de los trabajadores que prestan su servicio en sus diversas áreas, llámense estos liricos, poetas, músicos, orfebres, pintores, etc.

Ante esta situación, el Partido Comunista Revolucionario plantea:

1. Defensa férrea al derecho a la educación pública, gratuita y de calidad.

2. Derogación inmediata de la Ley 767 para recuperar el 12% que debe ser destinado a resolver los problemas de educación.

3. Anulación de los acuerdos con las grandes transnacionales de la informática: Microsoft, Google, Cisco, Tigo.

4. Búsqueda inmediata de alianzas con universidades públicas, maestros y maestras de todo el país para el desarrollo de sistemas informáticos acordes a la realidad educativa nacional.

5. Democratización del acceso al internet (internet gratuito para estudiantes y profesores), creación de servidores nacionales, promoción del software libre como alternativa (D.S. 3251).

6. Exigencia a los gobiernos municipales para que brinden una tecnología adecuada y suficiente para la educación virtual y preparar la infraestructura de todas las unidades educativas para el retorno a clases presenciales, reduciendo riesgos de contagio, conforme a cada región.

7. Entrega de los equipos Quipus a los estudiantes mientras dure la cuarentena.

8. Los Gobiernos Municipales deben exigir al Ministerio de Educación la dotación de equipos de computación para los estudiantes de cada municipio y de esta manera puedan acceder a la educación virtual, de acorde a las necesidades de cada municipio.

9. Desarrollo de estrategias educativas, materiales y medios alternativos para fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje.

10. Restitución de los profesores despedidos, plan de formación complementaria del magisterio.

11. Restitución del Ministerio de Culturas.

12. Renuncia del Ministro de Educación – Víctor Hugo Cárdenas, por demostrar una total ineptitud al cargo y desconocimiento de la realidad de la educación nacional.

Llamamos a la unidad de todos los sectores educativos: estudiantes, padres de familia y profesores para la defensa de la educación pública, gratuita y de calidad como derecho humano.

La Paz, 9 de junio de 2020

Buró Político del Comité Central

Partido Comunista Revolucionario (PCR)

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