Tinta Roja | Órgano del Partido Comunista Revolucionario (PCR) Bolivia

Tinta Roja No. 21

¡NI OLVIDO, NI PERDÓN! EXIGIMOS JUSTICIA POR LAS MASACRES DE SACABA Y SENKATA

El golpe de Estado oligárquico y fascista de noviembre de 2019 ha dejado secuelas hondas y dolorosas en nuestro país. El régimen de facto, impuso la “pacificación” con balas, tanques y avionetas. La “presidenta” autoproclamada usurpó el poder estatal al amparo del motín policial y del quiebre del orden de mando militar. Mientras la burocracia traidora se escondía bajo las piedras, el pueblo trabajador salió a las calles a resistir, a combatir el ascenso del fascismo.

En el Puente Huayllani (Sacaba) se encontraban miles de compañeros del movimiento campesino y sectores populares movilizados contra la arremetida reaccionaria. Llevaban semanas bajo asedio de los grupos paramilitares (RJC, UJC y sus satélites), mientras la reacción desataba una campaña mediática de guerra psicológica. Amparados en el Decreto Supremo 4078 (posteriormente abrogada por presión social), contaban con carta libre para disparar las Fuerzas Armadas, ya que fueron librados de responsabilidad penal por sus acciones. La masacre de Sacaba, el 15 de noviembre de 2020 dejó a centenares de heridos y más de 12 fallecidos.

Cuatro días después, afuera de la planta de procesamiento de gas en Senkata se encontraban filas de personas esperando para abastecerse, ante la creciente escacez de gas para cocinar, entre otros productos de primera necesidad. Las Fuerzas Armadas abrieron fuego contra la población en Senkata (El Alto) dejando a más de 70 personas heridas y más de 11 fallecidos, entre ellos transeúntes quienes sólo regresaban a casa.

El régimen de facto en confabulación con los grandes medios de prensa intentaron legitimar las masacres, alegando supuestos planes terroristas, sedición e incluso la condición de “salvajes” del pueblo. Los responsables políticos de las masacres (Murillo – Ministro de Gobierno, López – Ministro de Defensa) se mantuvieron en el gabinete durante todo el des-gobierno de Añez. Horas antes de la posesión de Arce Catacora tanto López como Murillo se fugaron del país para evitar las consecuencias de sus actos.

La Asamblea Legislativa Plurinacional (2015-2020) saliente, con dos tercios del MAS (apoyo de 2/3 de la Asamblea es el requisito para iniciar juicio de responsabilidades) en lugar de aprobar el juicio de responsabilidades se limitó a la emisión de un informe que recomienda el juicio, dejando la decisión en manos de la nueva Asamblea.

La ambiguedad característica del gobierno de Arce Catacora se refleja en sus acciones respecto a las masacres: discursivamente reivindica a los compañeros masacrados e impulsa la investigación de la CIDH, pero a la vez busca mantener un grado de conciliación con el alto mando militar y policial.

El único que fue detenido hasta el momento por las masacres fue el General Cuellar, ex jefe de la guarnición militar de Cochabamba. Su detención provocó una serie de movilizaciones de parte de militares retirados y familiares de militares, con consignas llamando a la intervención militar. Cuando el gobierno indicó que iniciaría investigaciones en torno al motín policial, una representante de la Asociación de Suboficiales, Sargentos, Cabos y Policías (Anssclapol) amenazó indicando que “no prendan fuego, porque eso sería un paso más muy difícil para todo el país de vivir”. El golpe de Estado ha dejado un peligroso precedente que ha envalentonado a la derecha más reaccionaria del país y ha posicionado a las fuerzas represivas como actores políticos a nivel nacional.

El discurso de “reconciliación” y de equilibrar entre la izquierda y la derecha de sectores del gobierno, desconoce el trasfondo de lucha de clases e ignora el clamor por justicia. Los comunistas bolivianos estamos convencidos que no existe paz social sin justicia, que los responsables políticos y materiales de las masacres no pueden quedar en impunidad.

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