Tinta Roja | Órgano del Partido Comunista Revolucionario (PCR) Bolivia

Tinta Roja No.22

La primera movilización contundente a nivel nacional en 2021 fue el paro de transportes del día 12 de enero, demandando el diferimiento de los créditos bancarios. La importancia de esta movilización dentro de la lucha de clases es que ha puesto al gobierno de Arce entre la espada y la pared. Por un lado una movilización social legítima y por otro la presión de los banqueros. Si bien el acuerdo firmado entre transportistas y el gobierno tiene limitaciones y ambigüedades al plantearse “gracia” y no diferimiento, ha generado una reacción feroz de parte de los banqueros privados.


El vocero de la ASOBAN (Asociación de Bancos Privados) ha amenzado que podría desatarse una “crisis financiera”, y que por lo pronto se negarían más líneas de crédito. Esta pugna económica entre la oligarquía financiera y el gobierno del Arce y su desenlace será determinante en la política económica nacional.
Durante el régimen de facto los banqueros contaron con representantes directos en el gabinete, y mediante Decretos Supremos lograron “reglamentar” varias disposiciones legales, como modificar el encaje legal (cuanto dinero deben depositar en el Banco Central como garantía) y alterar las condiciones de los Créditos de Vivienda Social.


Si bien durante el año 2020, por las condiciones económicas generales (golpe de Estado, crisis mundial, pandemia sanitaria) bajaron significativamente las utilidades de la banca privada, no han dejado de ganar. Según las declaraciones de la propia ASOBAN hasta el 31 de octubre de 2020 los bancos privados en Bolivia tienen más de 835 millones de bolivianos de ganancias (utilidades).


Mientras la gran banca privada no se contenta con sus ganancias millonarias en medio de la crisis, miles de familias bolivianas se ven en la disyuntiva entre pagar la cuota al banco o pagar el alquiler de sus viviendas.


Cuando Luis Arce Catacora asumió el gobierno ya planteamos que se encontraría ante la disyuntiva de ¿quién paga la crisis? Si bien al finalizar el año pasado se aprobó la Ley 1357 de Impuesto a las Grandes Fortunas, esta sólo se aplica a las personas naturales y sólo a las fortunas mayores a 30 millones de bolivianos. Entonces al crear una empresa y transferir los fondos a esa empresa, no existe impuesto alguno, asimismo no se reglamenta las fortunas de connacionales en paraísos fiscales (recordemos que García Linera incluso ha planteado amnistía para aquellos empresarios que traigan sus capitales de vuelta al país luego de haber evadido impuestos). El gobierno del MAS-IPSP confirma y mantiene su política de conciliación y negociación con el gran capital, las reformas y medidas que asume son parciales y no apuntan a eliminar el problema de raíz.


En el terreno de la lucha de clases no hay salidas salomónicas, no pueden ganar todos, no se pueden conciliar los intereses de todas las clases sociales. Cuando se produce una agudización de las contradicciones en medio de las crisis, se intensifica la lucha. Pues ahora no sólo están en juego los términos del diferimiento de créditos, sino el poder y la influencia de los grandes banqueros en el gobierno de Arce.

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